con munición del calibre 32 largo en el bolso de uno de los internos que trabajaban en la granja, tomó la decisión de aplicar el reglamento de la misma manera que se hacía antes de la llegada de los grapo. Esta medida no gustó a los afectados, quienes reaccionaron con otra huelga de hambre, esta vez de diecinueve días de duración.Con los días de la huelga, más los necesarios para reponer la debilidad física derivada de la negativa a ingerir alimentos, se paralizó durante casi un mes la construcción del túnel. Este inconveniente indignó en extremo a los grapo, y durante varios días no cesaron de amenazar de muerte al nuevo director. Los escritos de amenaza constan ahora en el Juzgado de Zamora.
No obstante, no fue mucho lo que consiguieron los grapo con esta segunda acción de protesta. Tan sólo la orden del director general de Instituciones Penitenciarias para que se flexibilizase la entrada de alimentos al penal y los consejos solapados a Pedro Romero. presuntamente desde altas instancias del Ministerio de Justicia, para que «en una situación tan delicada en las cárceles como la que se ha creado con el secuestro de Javier Rupérez, mira a ver de que no haya follones con los políticos. que ahora serían sin duda muy contraproducentes ».
Mientras tanto, se acercaba el día elegido para la fuga y los grapo debieron pensar que tampoco se trataba de estar desfallecidos de hambre ese día. no fuera a pasar que alguno se desmayara a mitad del túnel. Así, la calma se restableció en la prisión y los grapo seguían comprobando alborozados que cualquier intento serio de imponer el orden en la cárcel no era atendido con la debida premura por la Dirección General. Ni se reaccionó después de que la Jefatura Superior de Policía presentase un informe, el pasado verano, sobre la escasísima seguridad del penal, ni se trajeron refuerzos de funcionarios, cuando Pedro Romero los solicitó, ni la Policía Nacional ayudaba a hacer los recuentos reglamentarios de reclusos. Sólo se consiguió la presencia de varios números de la policía en el vestíbulo de la cárcel, pero a los tres días fueron retirados. Una vez producida la fuga, un destacamento policial vigilaría el interior de la cárcel, y con su ayuda, se tardaría hasta dos horas en obligar a los reclusos a formarse para hacer el recuento.
Tanto el ex director de Zamora como los funcionarios aseguran que los recuentos de los grapo, considerados por la policía como peligrosos terroristas, no se hacían en formación. Eran los mismos presos quienes imponían su técnica de recuento, y ésta no era otra que la de crear la confusión del funcionario y aglomerarse cada poco tiempo.
Los "grapo" decidían cómo hacer los recuentos
Este era, sin duda, el principal quebradero de cabeza de los funcionarios:
«Si formados tardábamos en contar a los presos quince minutos escasos», cuentan, «a los grapo les teníamos que dedicar más de una hora y media. Mientras salía uno por la puerta de la sala de día, dos entraban al patio, un grupito se juntaba unos metros más allá de la garita del funcionario y otros tantos se quedaban en el patio. La única manera de hacer un recuento serio», concluyen, «era esperando a que todos estuvieran en sus celdas. Así, a las 23.30 horas sabíamos con seguridad que estaban todos.
El mismo día en que se produjo la fuga, se cumplían dos meses justos desde la toma de posesión del nuevo director. Los máximos dirigentes de los GRAPO: Enrique Celdrán Calixto, Francisco Brotons Beneyto, Abelardo Collazo Aralijo, Juan Martín Luna y Fernando Hierro Chomón se escaparon de la prisión a través de un túnel de ocho metros. Ese día, la vida interior del recinto no sufrió ninguna alteración hasta la fuga, los recuentos se efectuaban con las mismas dificultades de los demás días, y en el parte de las 19.30 el funcionario de servicio firmó sin novedad. Estas mismas palabras rubricarían el recuento de las nueve. « A las 19.30 entraron 78 grapo a cenar», asegura, «y a las nueve, los 78 salieron.» No había, pues, motivo de alarma.
La fuga y la tardanza, en común carga
Sería después, en el recuento serio de la noche, a las 23.30, cuando el funcionario sufrió el gran susto: «Faltan cinco, señor director, faltan cinco.» Pedro Romero acababa de cenar en el domicilio que ocupaba junto a la prisión, se vistió a toda prisa y corrió al despacho a marcar el número de teléfono que consta en el texto que le remitió el Ministerio de Justicia para casos de urgencia. A este teléfono sólo respondió -asegura- un contestador automático: «Marque por favor el siguiente número de teléfono... Corresponde al inspector de servicio.» «Este nuevo número», atestigua Pedro Romero, «me dio durante más de diez minutos una señal rara, no del tipo de cuando se está comunicando. Algo así como si las líneas estuviesen sobrecargadas.» Y añade: «No quise perder más tiempo y me reuní con los funcionarios y la policía que estaban buscando la boca del túnel y asegurándose de que no faltaba ninguno más. El gobernador ya estaba avisado. Eran exactamente las 0.45 de la madrugada del día 18.»
A la 1.10 le llamó el director general de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavís. para comunicarle su profundo disgusto por lo sucedido y por no haberle avisado, ante lo que Pedro Romero le explicó el porqué le fue imposible establecer contacto. Enrique Galavís colgó el auricular visiblemente enfadado. Se había enterado por la Dirección General de Política Interior, vía Gobierno Civil de Zamora. Enrique Galavís dio parte entonces al ministro de Justicia, Iñigo Cavero, y éste, al parecer, no avisó al presidente Suárez. Cuando se enteró al día siguiente, con casi trece horas de retraso, montó en cólera. según pudieron apreciar sus más allegados.
Al día siguiente, con la visita del director eeneral y del inspector Emilio Tavera, comienzan a desarrollarse una serie de contradicciones.
El ministro Cavero se aventura a acusar de negligencia a Pedro Romero, cuando ni siquiera está abierta la investigación judicial. Pocos días después, el portavoz oficial del Gobierno, Josep Meliá, aseguraría lo mismo y en idénticas circunstancias. Enrique Galavís comentó a los periodistas que la fuga debió producirse entre las 7.30 y las 9.30 del día 17, mientras que Pedro Romero y el gobernador civil aseguraban, por su lado, que ocurrió entre las 7.30 y las 11.30. Las circunstancias en que se realizaban los recuentos y el hecho de que la puerta del patio y la de los dormitorios se abriese con un simple alambre hacen muy difícil determinar cuál de las dos versiones es la real.
"No habléis a los periodistas"
Sea como fuere, los cinco dirigentes de los GRAPO desaparecieron esa noche sin que haya sido posible encontrarlos. Cuando se inició el rastreo por los alrededores habían pasado ya, por lo menos, un par de horas.
También el día siguiente a la fuga, Pedro Romero se enteró, a través de una agencia de noticias, de que cesaba como director de la prisión, y varios minutos tardó el hombre en salir de su asombro, en tanto que muy pocos días antes recibía una carta del director general felicitándole por su gestión al frente del penal zamorano.
Los pasos siguientes se desarrollaron así: solidaridad de los funcionarios con Pedro Romero, solicitud al Rey y a Adolfo Suárez de que sea el ministro Cavero y el director general, Galavís, quienes dimitan, y no su ex director; nombramiento de Emilio García Gallego como director provisional y primera entrevista de éste con los funcionarios, en la que les recomendó efusivamente «no hablar con la prensa»; segunda entrevista con el inspector general de Prisiones, Emilio Tavera, en parecidos términos: «Este asunto lo arreglaremos entre nosotros, no habléis a los periodistas»; nombramiento de Tavera como encargado de la investigación judicial abierta para esclarecer los hechos, y posterior designación de Eusebio Domínguez como director definitivo de la cárcel de Zamora.
Un último dato a añadir a este enmarañado puzzle sería el ofrecimiento posterior a Pedro Romero de la subdirección de otra cárcel, acompañada de diversos complementos, que fue rechazado por el interesado.
Actualmente, la investigación sigue su curso, y los grapo que quedaron en Zamora tras la fuga han sido trasladados a las cárceles de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y a El Puerto de Santa María (Cádiz).
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